A través de un video difundido este sábado en su cuenta de X, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, anunció que el domingo 5 de enero de 2025 asumirá la Presidencia del país, en medio de una fuerte disputa con el presidente Daniel Noboa.

Verónica Abad, quien mantiene una tensa relación con el presidente Daniel Noboa, afirmó que asumirá la presidencia constitucional de la República por mandato expreso en la ley, mientras Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral. Abad argumenta que la ley la ampara para reemplazar al primer mandatario en periodo electoral y ha hecho un llamado a sumar apoyos en su objetivo.

La situación ha generado controversia y rechazo por parte del movimiento oficialista ADN, que considera que la Asamblea Nacional pretende obligar al presidente a solicitar licencia durante la campaña, lo que califican como un intento de golpe de Estado. Noboa había designado a Sariha Moya como vicepresidenta encargada, pero posteriormente derogó el decreto y nombró a Cynthia Gellibert en su lugar, hasta que Abad se presente en Turquía.

La Asamblea Nacional aprobó una resolución que únicamente se refirió a la licencia para la campaña de los legisladores que se lanzarán a la reelección, sin mencionar la licencia para el presidente de la República. Varios candidatos a la presidencia y juristas han cuestionado la intención de Noboa de no acogerse a la licencia para hacer campaña, insistiendo en que eso conllevaría una ilegalidad.

La disputa entre Verónica Abad y Daniel Noboa añade tensión al panorama político de Ecuador, con implicaciones legales y constitucionales que aún están por resolverse. La situación refleja las profundas divisiones y desafíos que enfrenta el país en el contexto de las próximas elecciones.

El movimiento oficialista ADN argumenta que no es obligatorio para Noboa y sus asambleístas tomar licencia para hacer campaña, basándose en que el periodo actual de Gobierno es para completar el mandato que no logró Guillermo Lasso tras su decreto de “muerte cruzada”. Esta justificación es cuestionada por varios juristas.