En un extraordinario desarrollo, un juez estableció que la fecha de sentencia del presidente electo Donald Trump en el proceso que se le sigue por hacer pagos para ocultar información desfavorable será el 10 de enero, poco más de una semana antes de que Trump regrese a la Casa Blanca. Sin embargo, el juez indicó que no será encarcelado.
El juez Juan M. Merchan, quien presidió el juicio de Trump, señaló en una decisión escrita que sentenciaría al ex y futuro presidente a lo que se conoce como descargo incondicional, en el que un proceso se cierra sin tiempo en prisión, multa o libertad condicional. Trump puede comparecer en forma virtual para la sentencia, si así lo decide.
Merchan escribió que buscó equilibrar intereses contrapuestos: la capacidad de Trump para gobernar “sin trabas” por el caso, el fallo de julio de la Corte Suprema federal sobre la inmunidad presidencial, la expectativa pública de que “todos son iguales y nadie está por encima de la ley”, y la importancia de proteger la “inviolabilidad de un veredicto del jurado”. En mayo, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificar registros comerciales relacionados con un pago a la actriz porno Stormy Daniels.
Después de que Trump fue elegido el 5 de noviembre, Merchan suspendió los procedimientos y pospuso indefinidamente la sentencia para que la defensa y la fiscalía pudieran opinar sobre el futuro del caso. Los abogados de Trump instaron a Merchan a desecharlo, argumentando que representaría interrupciones inconstitucionales para la capacidad del presidente entrante de dirigir el país. Los fiscales reconocieron que debería haber algún tipo de adaptación para su próxima presidencia, pero insistieron en que la declaración de culpabilidad debería mantenerse.
Trump, de 78 años, asume la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero. Es el primer expresidente que ha sido declarado culpable de un delito y el primer delincuente condenado en ser elegido para el cargo. La sentencia del 10 de enero marcará un hito histórico en la política estadounidense.
El caso se centró en cómo Trump contabilizó el reembolso a su abogado personal por el pago a Daniels. Los fiscales dijeron que la designación tenía como objetivo ocultar el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un plan más amplio para evitar que los votantes escucharan afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.
