Las autoridades surcoreanas han solicitado una orden judicial para detener al presidente destituido Yoon Suk Yeol mientras investigan si su decreto de ley marcial del 3 de diciembre constituyó una rebelión. La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, junto con la policía y las autoridades militares, ha solicitado la orden a la Corte del Distrito Occidental de Seúl.
El 3 de diciembre, Yoon Suk Yeol declaró la ley marcial en Corea del Sur, una medida que duró solo unas horas pero que ha desencadenado una crisis política sin precedentes en el país. La Asamblea Nacional destituyó a Yoon el 14 de diciembre, suspendiendo sus poderes presidenciales mientras el Tribunal Constitucional delibera sobre su futuro. La ley marcial fue levantada rápidamente después de que los legisladores votaron en contra de la medida.
La declaración de la ley marcial por parte de Yoon ha sido vista como un intento de consolidar su poder frente a una oposición mayoritaria en el Parlamento. Según la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, Yoon podría haber abusado de su autoridad y orquestado una rebelión. "La mayor preocupación es que Yoon haya intentado utilizar al ejército para impedir que los diputados votaran en contra de su decisión", explicó un portavoz de la oficina.
Este es el primer caso en la historia democrática de Corea del Sur en el que un presidente en funciones enfrenta la posibilidad de ser arrestado. La situación ha generado comparaciones con la crisis política de los años 70 y 80, cuando el país estuvo bajo leyes marciales similares. Además, la crisis ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros y ha obstruido labores diplomáticas.
El destino de Yoon Suk Yeol ahora está en manos del Tribunal Constitucional, que debe decidir si removerlo formalmente del cargo o reinstaurarlo. Mientras tanto, la solicitud de arresto y las investigaciones en curso subrayan la gravedad de la situación política en Corea del Sur y las posibles repercusiones para el futuro del país.
Yoon ha desoído varias solicitudes para comparecer a interrogatorio y ha bloqueado el allanamiento de sus oficinas. Además, hay preocupaciones sobre posibles enfrentamientos con su servicio de seguridad presidencial si las autoridades intentan detenerlo por la fuerza.