El Parlamento italiano aprobó este miércoles una ley que prohíbe a los ciudadanos italianos recurrir a la gestación subrogada en el extranjero, una medida impulsada por el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, Hermanos de Italia. La ley fue aprobada por 84 votos a favor y 58 en contra en la Cámara Alta del Senado, luego de haber pasado por la Cámara Baja el año pasado. La medida se interpreta como parte de la agenda conservadora de Meloni, que ha sido criticada por dirigirse particularmente a las parejas LGBTQ.

Contexto: La agenda conservadora de Giorgia Meloni

Desde que asumió el cargo en 2022, Giorgia Meloni ha seguido una agenda social conservadora que busca promover lo que considera valores familiares tradicionales. La nueva ley es parte de los esfuerzos por limitar la formación de familias no tradicionales, específicamente afectando a parejas del mismo sexo. En Italia, la gestación subrogada ya estaba prohibida dentro del país desde 2004, y las parejas LGBTQ se han visto obligadas a buscar opciones fuera del país para poder ser padres. Ahora, con la nueva prohibición, la gestación subrogada en el extranjero también se convierte en un delito para los ciudadanos italianos, y quienes recurran a ella podrían enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta un millón de euros.

El gobierno de Meloni ha argumentado que la gestación subrogada es una práctica que “comercializa el cuerpo de las mujeres”, y varios miembros de la coalición gobernante han respaldado la ley como una medida para proteger la dignidad humana. Sin embargo, la ley también ha generado fuertes críticas y protestas tanto dentro como fuera del Parlamento. En el debate, se escucharon consignas y se vieron pancartas con mensajes como “Padres, no criminales”, reflejando la oposición de algunos sectores políticos y de la sociedad civil, quienes consideran que la medida va dirigida específicamente contra las familias LGBTQ.

La prohibición de la gestación subrogada en el extranjero tiene varias implicaciones en el panorama político y social de Italia. Para la comunidad LGBTQ, la nueva ley representa un retroceso significativo en sus derechos, dificultando aún más el acceso a la paternidad. Alessandro Zan, legislador abiertamente gay y conocido defensor de los derechos LGBTQ, calificó la ley como un “ataque directo” a las familias diversas y a la comunidad LGBTQ en general. También enfatizó que la ley forma parte de una serie de políticas que buscan penalizar a las familias no tradicionales, limitando sus opciones para formar un hogar.

Desde una perspectiva más amplia, la nueva legislación se alinea con el aumento de políticas conservadoras en Italia y otros países europeos. Giorgia Meloni ha sido una figura destacada en la defensa de lo que denomina los valores “tradicionales”, y su gobierno ha promovido la eliminación de los derechos de los padres no biológicos de los registros de nacimiento. Esta medida, junto con la prohibición de la gestación subrogada, ha generado preocupación entre grupos de derechos humanos, que temen que estas acciones incrementen la discriminación y el estigma hacia las familias LGBTQ y los derechos reproductivos en general.

La prohibición de la gestación subrogada en el extranjero llega en un contexto en el que las parejas LGBTQ en Italia ya enfrentan barreras legales considerables para formar una familia. Aunque las uniones civiles entre personas del mismo sexo fueron legalizadas en 2016, el matrimonio igualitario sigue siendo ilegal, y los derechos parentales para las parejas LGBTQ están severamente restringidos. Recientemente, un tribunal ordenó la eliminación de padres no biológicos de los certificados de nacimiento de niños nacidos mediante gestación subrogada, lo cual añade otro obstáculo significativo para estas familias.

En comparación con otros países de la Unión Europea, Italia se encuentra entre los más restrictivos en cuanto a los derechos reproductivos y de las familias LGBTQ. Mientras que países como España y los Países Bajos han avanzado hacia una mayor igualdad, permitiendo tanto el matrimonio igualitario como el acceso a la gestación subrogada en ciertas condiciones, Italia parece moverse en la dirección opuesta, reforzando restricciones que limitan la capacidad de las personas LGBTQ de formar familias y tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

La aprobación de la ley que prohíbe la gestación subrogada en el extranjero es un reflejo de la agenda conservadora del gobierno de Giorgia Meloni, que busca consolidar los valores familiares tradicionales en Italia. La medida, aunque justificada por el gobierno como una protección contra la “comercialización del cuerpo”, afecta directamente a las familias LGBTQ y limita significativamente sus opciones para convertirse en padres. La comunidad internacional y los defensores de derechos humanos continúan observando con preocupación el desarrollo de estas políticas, mientras las familias afectadas luchan por mantener sus derechos y por encontrar formas de superar las crecientes barreras impuestas por el gobierno italiano.