La Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad una reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como “sujetos de derecho público”. Esta modificación al artículo 2º de la Constitución permitirá que estas comunidades reciban y administren recursos presupuestales, además de garantizar su consulta previa en caso de proyectos que puedan afectar su territorio y forma de vida.

Con 492 votos a favor en lo general y 483 en lo particular, la iniciativa fue respaldada por todas las fuerzas políticas, lo que marca un paso decisivo en el reconocimiento de los derechos de más de 23 millones de personas que se identifican como indígenas en el país. La reforma no solo les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio, sino que también eleva a rango constitucional el derecho a la consulta previa, libre e informada, asegurando que sus intereses sean respetados en decisiones legislativas y administrativas.

Uno de los aspectos más destacados es la inclusión de asistencia jurídica adecuada, donde las personas indígenas podrán ser asesoradas por intérpretes y especialistas en sus derechos, una medida fundamental para garantizar la igualdad de acceso a la justicia.



A pesar del amplio consenso, algunos legisladores expresaron preocupación por la falta de recursos específicos para implementar estas nuevas disposiciones. La discusión continuará en el Senado, donde se espera que se aprueben los detalles restantes para hacer efectiva esta histórica reforma.